01 Ago Venezuela ante el «enorme desafío logístico» de la gestión de los escombros del terremoto
El doble sismo del 24 de junio en el norte del país generó más de 2,1 millones de toneladas de detritos, según las Naciones Unidas. Tras la aparición de vertederos de escombros en el litoral, las organizaciones ambientalistas denuncian la contaminación de los ecosistemas costeros.
Por Jean-Michel Hauteville (Caracas, La Guaira y Naiguatá [Venezuela], enviado especial)
Publicado el 24 de julio de 2026 • Tiempo de lectura: 5 min.
Un terreno baldío con aspecto de vertedero clandestino desfigura la costa a lo largo de varios cientos de metros, a un costado de la carretera que une las ciudades de La Guaira y Naiguatá, en el norte de Venezuela. El entramado de bloques de hormigón, varillas de metal retorcidas y multitud de otros restos de construcción que allí se acumulan —visiblemente desde hace poco— sugiere que se trata de los escombros del doble terremoto (de magnitud 7,2 y 7,5) que sacudió la región el 24 de junio y provocó el colapso de cientos de edificios en La Guaira, capital del estado homónimo, y en las localidades vecinas.
Estos escombros fueron depositados allí, sobre la estrecha franja costera atrapada entre un acantilado árido y las olas turquesas del mar Caribe. Armados con picos y protegidos contra los ardientes rayos del sol del mediodía, un puñado de residentes de la zona inspeccionan el lugar en busca de materiales para revender. «Cobre, aluminio o cualquier cosa que tenga valor», explica Rubén Blanco, de 56 años. Desde la catástrofe, que ha causado más de 5 300 muertos y 16 700 heridos según el balance provisional de las autoridades venezolanas actualizado al 22 de julio, «no hay trabajo», se lamenta este albañil originario de la ciudad de Naiguatá. Este padre de familia asegura que gracias a los ingresos de esta actividad informal ha podido «darle algo a los niños». «Hay demasiados escombros, ¿dónde los van a poner? Aquí está muy bien», dice encogiéndose de hombros. «De todos modos, todas las aguas servidas de Caracas caen al mar, así que ya está contaminado».
Esta opinión dista mucho de ser unánime en el país sudamericano. A pesar de la tristeza y el duelo que embargan a numerosos venezolanos, la imagen de estos desechos vertidos en varios puntos del litoral rocoso de La Guaira ha provocado indignación. La contaminación comenzó «cinco o seis días» después del sismo, afirma Jesús Castillo, de 23 años, a quien entrevistamos en un parque de Caracas. «Fuimos al lugar y constatamos que, en efecto, se estaban descargando escombros allí todos los días», indica este guía turístico de la capital venezolana, muy activo en redes sociales. El joven, que perdió a seres queridos en el terremoto y se sumó a las filas de los numerosos socorristas voluntarios, publicó videos en Instagram para «denunciar este atentado contra el medio ambiente».
«Consecuencias ecológicas»
Muchas organizaciones ecologistas también han alzado la voz. «Condenamos firmemente el vertido anárquico de escombros y desechos peligrosos en las playas de La Guaira», escribía la Fundación Azul Ambientalistas en Instagram el 13 de julio. «Maquinaria de construcción está arrojando al mar materiales como cabillas, metales, plásticos, transformadores y productos químicos», detallaba la asociación. «Lo que originalmente era una catástrofe natural se está transformando, debido a la actividad humana desmedida e inconsciente, en una catástrofe ambiental con consecuencias ecológicas a mediano y largo plazo», se indigna por teléfono Gustavo Carrasquel Parra, presidente de Azul Ambientalistas.
La organización La Terre se réchauffe (La Tierra se calienta), aun reconociendo «la urgencia, la complejidad y el enorme desafío logístico que representa la remoción de escombros de las infraestructuras colapsadas», también denunció en un comunicado «un grave error técnico, ambiental y social» que corre el riesgo de provocar «una crisis ecológica y sanitaria de magnitud irreversible».
Desde la perspectiva de Gustavo Carrasquel Parra, las autoridades son cómplices. «Tengo un video grabado por un amigo nuestro y publicado en redes sociales donde se ve un camión de volteo con el logo de PDVSA», asegura el activista, señalando a la influyente empresa petrolera estatal venezolana. La compañía pública «presta sus máquinas y equipos para que estos desechos terminen en los ecosistemas marinos costeros», se indigna.
Las autoridades bolivarianas respondieron con firmeza. En un comunicado publicado en su cuenta de X el 13 de julio, el Ministerio para el Ecosocialismo de Venezuela decretaba «tolerancia cero» contra los «delitos ambientales» en el litoral. El 17 de julio, ante las cámaras del canal estatal Venezolana de Televisión, Nelson Rodríguez, titular de dicha cartera ministerial, denunciaba «varias noticias falsas» difundidas en redes sociales y acusaba a los defensores del medio ambiente de «mentir». Venezuela tiene una «cultura de protección ambiental», reafirmó el ministro, recordando que las áreas protegidas abarcan el «58 % del territorio nacional».
«Sustancias tóxicas»
El Gobierno creó, en el marco del programa de reconstrucción bautizado «Venezuela Renace», 11 sitios destinados al depósito de escombros del sismo en el territorio del estado La Guaira. Esta cifra debería elevarse a «15 o 16», subrayó Rodríguez, quien también afirmó que las autoridades habían limpiado más de 8 700 toneladas de desechos durante las tres primeras semanas tras la catástrofe.
Sin embargo, esta cantidad es irrisoria. La masa de escombros generada por la doble sacudida del 24 de junio, evaluada inicialmente en 1,2 millones de toneladas, fue revisada al alza: según el Gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se tendrán que procesar 2,1 millones de toneladas de residuos, de las cuales 1,5 millones corresponden a escombros. «Y esta cifra probablemente aumentará, ya que algunos edificios siguen en pie pero tendrán que ser demolidos», advierte Joaquín Benítez Maal, director del Departamento de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas y miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. «Es un desafío logístico inmenso», prosigue: a razón de 600 toneladas despejadas diariamente —el máximo alcanzado hasta la fecha según el Ministerio del Ambiente—, «nos tomará ocho años».
Los socios internacionales de Venezuela, bajo la égida de las Naciones Unidas, han aportado hasta ahora una ayuda crucial para «encontrar soluciones y recursos» con el fin de superar esta montaña de escombros «cumpliendo con las normas», precisa el académico. Por otra parte, la controversia sobre el riesgo de contaminación en el litoral impulsó a las autoridades a «tomar en serio la necesidad de gestionar bien esta situación», añade el profesor Benítez Maal.
El experto recomienda reciclar los materiales reutilizables —«dos tercios del total», según él— y «neutralizar y eliminar, conforme a la normativa», los desechos contaminados. Estos últimos deben «trasladarse a vertederos o, en el caso de ciertas sustancias líquidas, incinerarse en hornos de cemento», precisa, señalando que estas prácticas son «promovidas en todo el mundo tras los terremotos» y se implementaron «en Japón y Turquía con mayor o menor éxito».
A pesar de este retroceso de las autoridades respecto al depósito de escombros en la costa, «el daño ya está hecho», lamenta Dulce Nathalie Arocha Pérez, profesora de biología en la Universidad Central de Venezuela y miembro de la organización La Tierra se Calienta. Además del hormigón, los restos contienen «sustancias tóxicas y tuberías de PVC» que, en algunos puntos, «ya han entrado en contacto con el mar» y han producido «reacciones químicas» nocivas para el medio marino. Asimismo, las «corrientes oceánicas» que circulan a lo largo de la costa de La Guaira arrastrarán esta contaminación hacia «otros ecosistemas frágiles», añade esta especialista en biología marina.
Según ella, es necesario educar a la población. «En Venezuela, un país tan rico en biodiversidad, no hay concientización en materia de protección del entorno natural», lamenta la profesora Arocha Pérez.